Declaraciones del Ing. Félix Ojeda Oropeza
El gobierno pretende resucitar la derogada Ley de Inteligencia y Contrainteligencia conocida como “Ley Sapo”, en la reforma de la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, ya aprobada en primera discusión de manera inconsulta y arbitraria por la Asamblea Nacional. La información fue dada hoy por el presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Félix Ojeda Oropeza, al señalar que el artículo 29 de la nueva ley establece que “todos los entes, tanto públicos como privados que tengan empleados a ingenieros y arquitectos, deben darle absolutamente toda la información pertinente de estos agremiados y toda la colaboración necesaria a unos visitadores sociales, cuya figura no queda establecida en la ley, lo cual constituye un peligro con respecto a la privacidad que como derecho constitucional poseemos todos los venezolanos”.Asimismo refirió que el Comando Nacional Intergremial que agrupa colegios profesionales, organizaciones sindicales, ONG, sindicatos, sectores de la sociedad civil y otros, acordó solidarizarse y respaldar al Colegio de Ingenieros de Venezuela en su lucha contra esta “reforma” de la ley del ejercicio profesionalEl Ing. Ojeda Oropeza, señaló que “nuestro gremio que tiene cerca de 200 mil afiliados, “en ningún momento ha sido llamado para esa discusión”, y expresó que la Asamblea Nacional ha elaborado un cronograma de actividades con el cual en apenas cuatro días, los diputados pretenden, con el denominado parlamentarismo de calle, cubrir la fase de consultas, sin hablar con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, ni los centros ni seccionales en todo el país”. Todo esto -agregó- forma parte de una política oficial de apoderarse de todos los gremios profesionales. “La nueva ley adolece de una serie de factores legales y formales que afectan la funcionalidad de nuestra organización con 147 años de fundada, así como el ejercicio de los profesionales. En la nueva ley se pretende crear un organismo denominado Fonpres que de por sí ya existe desde hace más de 20 años, y presta servicios socio-económicos y médico asistenciales a los miembros del gremio.“Se le quita al Colegio de Ingenieros de Venezuela su papel como asesor del Estado en materias de su competencia para convertirse en asesor del gobierno, o sea que la sociedad en general queda desprotegida de la opinión técnica y objetiva del CIV. En su actual condición de asesor del Estado, el CIV ha sido un adalid de denuncias de tipo técnico en obras que afectan a la comunidad en general, y en hacerle ver al país en general, los atropellos cometidos en esta materia desde el punto de vista técnico”, precisó el Ing. Ojeda Oropeza.
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